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¿SON DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LOS INFORMES PSICOPEDAGÓGICOS? ¿SUS MEDIDAS DEBEN APLICARSE MÁS ALLÁ DE PRIMARIA?

Publicación: 
Viernes, 24 Febrero, 2017 - 14:15

Por Luz Luna, Abogada, para APADAC Altas Capacidades Asturias.

 

Muchas veces los padres y madres de alumnos con altas capacidades se sienten impotentes y sin saber qué hacer cuando después de un largo camino para obtener un informe psicopedagógico, donde se indican las medidas a adoptar con sus hijos, se encuentran, de repente, con que el mismo parece transformarse en un montón de papeles grapados, inútiles e inservibles. Les cuentan que se trata de un mero informe y no de un dictamen y que, por tanto, no es de obligado cumplimiento, quedando a la discrecionalidad del profesor o del centro aplicar las medidas o no.

¿Es esto cierto?

Como antecedentes y yendo atrás en el tiempo, nos encontramos con la antigua LO 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, que disponía que el sistema educativo comprende desde la educación preescolar, las enseñanzas escolares y la enseñanza universitaria.

Las enseñanzas escolares eran de régimen general y de régimen especial.

Régimen general, los niveles de educación infantil, educación primaria, educación secundaria (ESO, BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO) y formación profesional de grado superior.

Régimen especial, enseñanzas artísticas, de idiomas y deportivas.

El RD 943/2003, de 18 de julio, que regulaba las condiciones para flexibilizar a alumnos de altas capacidades era de aplicación a todos los centros docentes en los que se impartieran las enseñanzas escolares de régimen general (incluyendo por tanto ESO y BACHILLERATO) y de régimen especial enunciadas en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación.

Hoy en día dicha normativa ya no es aplicable pero la LOMCE y en relación con la LOE siguen refiriéndose al sistema educativo español como un todo que engloba

  • Educación infantil.

  • Educación primaria.

  • Educación secundaria obligatoria.

  • Bachillerato.

  • Formación profesional.

  • Enseñanzas de idiomas.

  • Enseñanzas artísticas.

  • Enseñanzas deportivas.

  • Educación de personas adultas.

  • Enseñanza universitaria.

De todas ellas constituyen la educación básica la educación primaria y la secundaria obligatoria.

Vemos por tanto que nuestro sistema legal ha tratado y trata el sistema educativo como un todo integral y que salvo que una disposición se refiera a una etapa de forma concreta lo reflejado en las normas que regulan la educación debe entenderse aplicable a dicho sistema educativo sin ser de recibo una aplicación arbitraria y caprichosa basada en intereses de particulares o de las distintas administraciones y que excluyan parte del sistema educativo de la normativa creada para regularlo.  

Con la entrada de la LOMCE el tema de las AACC pasa a recogerse en los artículos 71 y siguientes siendo la regulación mucho más genérica.

En el artículo 71 la Ley afirma que “las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional”.

En el artículo 76, la LOMCE se centra ya en los alumnos con Altas Capacidades y subraya que “corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas necesarias para identificar al alumnado con Altas Capacidades intelectuales y valorar de forma temprana sus necesidades”.

A este respecto, la ley enumera dos formas de actuación concretas con estos alumnos: el enriquecimiento y la flexibilización curricular.

Respecto al enriquecimiento, la LOMCE lo concreta al afirmar que corresponde a las Administraciones educativas “adoptar planes de actuación, así como programas de enriquecimiento curricular adecuados a dichas necesidades, que permitan al alumnado desarrollar al máximo sus capacidades”.

En cuanto a la flexibilización curricular, el artículo 77 de la Ley dice que “el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las normas para flexibilizar la duración de cada una de las etapas del sistema educativo para los alumnos con Altas Capacidades intelectuales, con independencia de su edad”. 

Subrayo lo del sistema educativo porque en ningún momento se refiere a primaria. Es más, el propio artículo finaliza haciendo un apunte sobre la independencia de la edad respecto a las medidas a adoptar.

El sistema educativo sigue englobando desde educación infantil a universitaria y, por tanto, excluir los institutos o los centros de formación profesional de la obligatoriedad de adoptar medidas respecto a los alumnos de altas capacidades es ilegal y arbitrario.

No hay base legal alguna para fundamentar esa exclusión.

Es cierto que unos meses después de aprobarse la LOMCE y  para educación primaria se aprobó, desarrollando la misma, el RD 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo de primaria y también se trata en mayor profundidad las NEE por AACC.

Pero lo que es ridículo es interpretar por ello que en la ESO, BACHILLERATO o FP no tienen el deber de aplicar medidas. El derecho a ello se recoge en la LOMCE. Simplemente no se ha desarrollado reglamentariamente como se ha hecho para primaria.

Una vez que nos queda claro que si tenemos derecho a que se adopten medidas sea la etapa que sea y que hemos logrado tener en nuestras manos un informe donde se establecen las mismas aún podemos encontrarnos con un problema: no se trata de un dictamen y habrá profesores que se nieguen a aplicarlo en el aula.  

Seamos claros desde el principio: no hay norma alguna que determine que el informe de un alumno con AACC no deba ser cumplido y deba dejarse a la discrecionalidad del docente de turno su aplicación.

Dejar la aplicación de un informe al arbitrio de un profesor atentaría gravemente no solo contra los derechos individuales del alumno en cuestión, recogidos en la LOE y la LOMCE  sino también contra el espíritu de dichas normas y sus disposiciones generales. Derecho a ser atendido en su diversidad (arts. 19 y 26 Lomce), derecho a la aplicación de medidas específicas que atiendan su alta capacidad intelectual (art. 26 Lomce), derecho a la organización de medidas que atiendan las necesidades específicas existentes (art. 35 Lomce), derecho de atención integral de las necesidades educativas específicas (art. 71 Lomce) derecho a la aplicación de planes de actuación y programas de enriquecimiento adecuados (art. 76 Lomce)……

Que el informe de evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización sean dos documentos diferentes con efectos diferentes y emitidos en supuestos de hecho diferentes no quiere decir que uno deba aplicarse y otro no. Ambos reciben a estos efectos el mismo tratamiento legal y cumplen con el mismo objetivo: dar una respuesta adecuada frente a la diversidad.

El primero, recoge y analiza toda la información del alumno que puede ser relevante: su historia personal y escolar, sus datos médicos, información relevante del contexto familiar y del escolar, el proceso de diagnóstico clínico, si se ha realizado; y explica el procedimiento para delimitar las necesidades educativas de un alumno que, en su caso, pueden ser específicas o especiales. Se trata de un importante elemento curricular que ha de entrar en acción desde que consta en el expediente del alumno, al haberse decidido su realización por entender que es el medio adecuado para atender a la diversidad que presenta el mismo. El fin del informe es orientar el proceso de la toma de decisiones del proceso educativo y facilitar la tarea del profesorado en el aula indicándole las medidas a adoptar para un caso específico.

El segundo se diferencia del primero no porque contenga o no medidas a aplicar (que ambos las contienen) sino porque en el dictamen se certifica que existen necesidades especiales y cuáles son  (que no específicas) y se recogen, además y a diferencia del informe, los recursos materiales y personales adicionales y la modalidad de escolarización adecuada a esas necesidades.

Es decir, que no se trata de que las medidas del informe no sean de obligado cumplimiento sino que el profesor debe cumplirlas con los medios personales y materiales ordinarios del aula y no se asignan medios extraordinarios o adicionales.

Para supuestos de alumnos de altas capacidades es muy habitual que el informe concluya manifestando que el alumno no presenta necesidades educativas especiales, salvo que exista agregado un supuesto de incapacidad o una conducta grave de comportamiento,  sino otro tipo de necesidades específicas.

Y aquí está la diferencia, solo cuando el informe concluye que el alumno presenta necesidades educativas especiales se puede emitir el dictamen de escolarización.

Si una familia con un informe psicopedagógico, en el que se refleja que el alumno tiene necesidades específicas asociadas a altas capacidades aun debidamente registrado en SAUCE, solicitara que su informe se elevara a dictamen se negarían a hacerlo con base en la propia LOMCE puesto que no existiría una necesidad educativa especial (según la propia LOMCE aquellas que requieren una respuesta diferente a la ordinaria por presentar discapacidad o trastorno grave de la conducta)

En cualquier caso esto no puede afectar a la obligatoriedad de aplicación de las medidas contenidas en un informe en el aula. El interés del menor, en este caso la aplicación de unas medidas acordadas en un informe atendiendo a sus necesidades educativas específicas, es un principio que inspira, en nuestro sistema, todas las actuaciones relacionadas con los menores considerando sus intereses como prioritarios. A este respecto hay que mencionar también la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor que constituye un marco de referencia general de protección y refleja la defensa de la familia y de los menores como uno de los principios rectores de nuestra política social y económica (acorde con la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por  la Asamblea General de las Naciones Unidad, de 20 de noviembre de 1989, ratificada por España el 30 de noviembre de 1990 (BOE 31-12-1990), y Carta de los Derecho del Niño, del Parlamento Europeo (DOCE C-241, 21-9-92).  

Aun si existiese una circular u otra normativa autonómica que determinase dejar a la arbitrariedad del profesorado la aplicación de un informe pedagógico, incluido en el expediente del alumno y que contiene medidas específicas a adoptar, dicha normativa cedería por el principio de jerarquía normativa ante la LOE, LOMCE y la propia Constitución.

En resumen: los informes psicopedagógicos, emitidos por los profesionales determinados por la Administración a tal fin, son de obligado cumplimiento en todas las etapas del sistema educativo siendo el interés del menor un bien superior que prima por encima de intereses particulares de profesorado o Administración.

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Realizado por Luz Luna, Abogada para APADAC Altas Capacidades Asturias

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